La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) denunció que entre el 2004 y el 2014 la Dirección Jurídica de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) perdió 4.786 casos en juicios en diferentes estrados judiciales.
La seguridad social tuvo que pagar ¢7.249 millones en 3.123 procesos judiciales entablados en su contra.
Para Martha Rodríguez y Luis Chavarría, secretaria general adjunta y secretario general de Undeca, dicha suma es exagerada y exorbitante, al tiempo que constituye un despilfarro institucional de fondos públicos que pudieron emplearse en la atención de los asegurados.
Rodríguez detalló que pese a que la lista entregada sumó 4.786 juicios perdidos, la Dirección Jurídica suministró información de 3.123, omitiendo 1.663.
INFORMACIÓN PARCIAL
Agregó que la agrupación atravesó un vía crucis para la obtención de la información, al punto que debió interponer un recurso de amparo para que se le suministrara, y pese a que fue entregada y certificada, se le dio de forma parcial o incompleta, pues en muchos casos no se aportó el monto principal y en otros el renglón correspondiente a intereses estuvo vacío o incompleto.
“La información de la Dirección Jurídica es parcial, pese a la certificación jurídica. Lo que nos dicen es que perdieron 4.786 casos, pero nosotros hemos encontrado muchos más perdidos.
Pese a que la información entregada es sesgada, nosotros encontramos un caso en el que la Caja deberá pagar más de ¢500 millones y esa información no está en el listado entregado.
Se han presentado dos conductas en los casos perdidos, que son o la Caja ni siquiera se presentó para los procesos de apelación o los presentó y los jueces los consideraron inadmisibles por falta de técnica jurídica”, acotó Rodríguez.
Adujo que uno de los abogados que contrató la CCSS solicita¢125 millones en pago de honorarios por el caso que lleva.
Añadió: “Es totalmente impresionante lo que ha dejado de percibir la Caja y que el director jurídico, con rango de subgerente, no creemos que le haya informado tanto a la Gerencia Administrativa como a la junta directiva por la grave situación que está pasando esa dirección.
No sabemos si es que no tiene mecanismos de evaluación y control. Es un asunto preocupante desde nuestra óptica porque o falta capacidad técnica o hay un abandono de responsabilidades del director jurídico en este caso y se están despilfarrando recursos públicos, ya sea por inactividad u omisión de la Dirección Jurídica”.
La secretaria general adjunta de Undeca indicó que la suma es mucho mayor porque la información suministrada por la Dirección Jurídica está incompleta, al tiempo que la petición no involucró los procesos que se hayan registrado en las sucursales o en los centros médicos.
EXIGEN INVESTIGACIÓN
Chavarría señaló a Gilbert Alfaro, director jurídico de la CCSS, como uno de los responsables de esta situación “porque una parte o todos los criterios emitidos en diferentes materias, en relación jurídica, él es el responsable y creemos hacerlo responsable bajo el rango que tiene, porque más allá de las potestades de subgerente que tiene, es gente de confianza de algunos miembros de la junta directiva, aspecto que cuestionamos”.
Agregó que Alfaro es asesor de la junta directiva de la CCSS, pero también forma parte de la administración activa, por lo que tiene incidencia en la toma de decisiones.
Dijo también que se debe llegar al fondo de la institución, por lo que se procedió a presentar una denuncia formal ante la junta directiva para que haga el análisis y se le solicita efectuar una investigación profunda y rigurosa.
Se lee en la denuncia, de la cual DIARIO EXTRA tiene copia: “Solicitamos se investigue si en aquellos asuntos en que se determine que hubo falencias en la atención de los procesos judiciales, ya sea porque no agotaron todos los recursos impugnativos contra las sentencias, porque se interpusieron de manera defectuosa o por cualquier motivo imputable a falta de diligencia profesional, el subgerente jurídico y las correspondientes jefaturas presentaron el informe a los jerarcas institucionales”.
En este sentido Chavarría afirmó que se le solicitó a la máxima autoridad de la CCSS que para la indagación se contraten un órgano y una auditoría externos, a fin de darle transparencia al proceso.
“Es asesor de las compras, de las cosas que la junta directiva resuelva. Tiene un amplio margen de criterio, de incidencia, de maniobra porque allí discute todo, proyectos de ley, compras de servicios, contrataciones, demandas que recibe la institución y eso lo cuestionamos”, sentenció.
Chavarría dijo que se le está pidiendo a la junta directiva que el director jurídico de la CCSS sea separado de su cargo, a fin de que no incida en la investigación.
“La solicitud que estamos haciendo de las medidas cautelares es que si él va a estar en la junta directiva, lógicamente va a emitir criterios y se convertirá en juez y parte de la situación.
Él como director jurídico es responsable directo de una importante cantidad, si no de todas las decisiones que toman los gerentes o la junta directiva de la CCSS.
Debe asumir la responsabilidad, por lo que debe investigársele al mayor margen de las cosas de manera transparente e independiente”, finalizó Chavarría.
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Fuente: Diario Extra
Jueves 25 de Septiembre del 2014
Por: Krissia Morris Gray