Este caso se remonta al 2011, cuando la Junta Directiva de la Caja tomó un acuerdo unilateral que estableció el pago de las incapacidades por enfermedad de sus trabajadores como subsidio, en lugar del pago que tradicionalmente se realizó en la planilla salarial, generando un impacto en el aguinaldo, salario escolar, vacaciones, cuotas de pensión, entre otros efectos perjudiciales.
El Tribunal Contencioso dictó sentencia y ordenó la nulidad de dicho acuerdo, declarando que la Caja quebrantó un derecho adquirido de los trabajadores.
La representación de la Caja y la Procuraduría General de la República, interpusieron sendos recursos de casación contra la sentencia ante la Sala Primera de la Corte, los cuales fueron admitidos para su trámite y la Magistrada Instructora otorgó a UNDECA – organización que estableció la demanda – el plazo de ley para que hiciera valer sus derechos y presentara su posición, el cual vencía el día 23 de octubre del año en curso.
El día sábado 24 de octubre un diario de circulación nacional, publicó un reportaje, en el cual la Magistrada que tiene a su cargo la instrucción del expediente aseguró: “ya hay un proyecto de sentencia que ella elaboró, el cual circula entre los magistrados integrantes de la Sala y que podría ser votado en menos de un mes”.
Estas declaraciones nos causan sorpresa y una profunda preocupación e incerteza jurídica. “No resulta conveniente que la magistrada que está instruyendo el juicio, divulgue esta información sensible, que podría atizar la campaña urdida por ciertos sectores políticos y empresariales contra los legítimos derechos de los servidores públicos –aunque esta no haya sido la intencionalidad- y que ya se haya redactado un proyecto de sentencia, sin tomar en cuenta los motivos que desarrollamos en representación de los trabajadores de la CCSS para oponernos a dichos recursos”, manifestó Luis Chavarría, Secretario General de UNDECA.
Resulta insólito, a contrapelo de los más elementales principios procesales, que el proyecto de sentencia haya sido redactado y puesto en circulación a los demás magistrados, previo al vencimiento del término del emplazamiento que nos concedió la misma Magistrada para combatir esos recursos.
“Consideramos que existe una grave anomalía procesal, que violenta el debido proceso y nuestro derecho de defensa, porque los argumentos que expusimos para desvirtuar los motivos de los recursos de casación, jamás pudieron haber sido analizados por la Magistrada Instructora”, añadió Chavarría.
En la queja se solicitó a la Presidenta de la Corte que esta denuncia se ponga en conocimiento en la Corte Plena, con la finalidad que se realice la investigación correspondiente, se respete la legalidad procesal, la objetividad y transparencia, principios inherentes al Estado Democrático de Derecho.